El pasado 15 de marzo, una investigación del periódico El Salto destapó el caso de una policía infiltrada en los movimientos sociales de Madrid. Se trataba de una mujer que se hacía llamar Mavi L. F. y llevaba más de 6 meses involucrada en el colectivo climático Rebelión o Extinción y en el CSO La Animosa de Hortaleza. Un caso más de infiltración policial en los movimientos sociales tras los destapados en los últimos meses por La Directa en Barcelona y Valencia y un caso más de represión contra los movimientos sociales un día después de la confirmación de que no habría derogación ni reforma de la Ley Mordaza en esta legislatura, una de las promesas de la coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.
Estas infiltraciones policiales no ocurren por azar, sino que es un plan orquestado desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para controlarnos, intimidarnos y asustarnos, generando desconfianza y llegando al punto de involucrarse en relaciones personales con activistas. Esto supone una violación de nuestros derechos fundamentales como el derecho de asociación y es una práctica completamente ilegal puesto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 282 bis, señala que la infiltración de agentes solo se puede realizar en investigaciones por delitos de organización criminal y bajo la orden de un juez o fiscal.
Mientras Ignacio Galán, CEO de Iberdrola, nos llama tontos por no poder pagar la factura de la luz, por no llegar a fin de mes, por no poder sostener nuestras vidas, la clase política sigue legislando para que aumenten más aún sus beneficios y el de otras grandes empresas a expensas de nuestra pobreza. Nos quieren amordazadas, adormecidas y paralizadas, por eso nos reprimen con multas y cárcel a todas las personas que levantamos la voz, que luchamos por conseguir un mundo más justo para todas, un mundo habitable antes de que sea demasiado tarde. No solo no actúan para lograr el derecho a la vivienda o para frenar la crisis ecológica, sino que sí lo hacen para tratar de desarticular a todas las que trabajamos día a día para conseguirlo.
Ante esta escalada de represión, nos negamos a permanecer calladas. No vamos a permitir que estas violaciones de nuestros derechos fundamentales queden impunes. Exigimos al Ministro de Interior Grande-Marlaska que dé explicaciones y se depuren responsabilidades sobre las infiltraciones policiales fuera de la ley y exigimos al gobierno de coalición que cumpla con su promesa de derogar la Ley Mordaza que coarta nuestros derechos.
Quieren a una ciudadanía silenciada y controlada, pero no se lo vamos a permitir.
Ante su represión, nuestra organización.
